ALERTA COMUNIDAD EDUCATIVA.
LOS EDUCADORES DE MEDELLÍN QUEREMOS REGRESAR A LAS AULAS DE FORMA PRESENCIAL, PERO CON CONDICIONES REALES DE BIOSEGURIDAD Y DE VERDADERA PLANEACIÓN HACIA EL RETORNO GRADUAL.
El Gobierno Nacional en cabeza de su Ministra de Educación y el Alcalde de Medellín a través de la Secretaria de Educación siguen con su política de prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia sin ejecutar los presupuestos, hacer las adecuaciones ni brindar las condiciones para que en realidad se ayude a “preservar el bienestar de la comunidad educativa y avanzar en el retorno a las instituciones, en medio de un proceso gradual, progresivo y seguro que permita construir la confianza necesaria para retomar la experiencia educativa presencial”.
No confiamos en el proceso que se desarrolla en la actualidad por las siguientes razones:
1. Protocolos de bioseguridad
Los consejos directivos y los docentes no son los idóneos para el diseño de tal formalidad, además de que las normas establecen que la Secretaría de Salud y las ARL deben acompañar y hacer seguimiento de este tema coordinados con la Secretaría de Educación (Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020).
Para iniciar actividades en presencialidad, los protocolos deben estar aprobados por el Consejo Directivo, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, además deben ser socializados con toda la comunidad educativa, quien debe verificar que el protocolo se ajuste a la realidad contextual de cada institución y que se cuente con los elementos de bioseguridad necesarios para su implementación situación que a la fecha no es verificable en la mayoría de las instituciones que comienzan el proceso. Y que por el contrario se conocen de réplicas del mismo protocolo en varias instituciones.
2. Falsa Flexibilidad
Es importante resaltar que, desde la Secretaría de Educación de Medellín, se insiste que la FLEXIBILIDAD es un asunto central de este proceso, que no hay establecido un número de estudiantes que deban regresar, ni cómo se debe organizar el currículo, ni mucho menos los motivos de citación a los grupos, pero a hoy 15 de febrero cuando empiezan a aplicar el esquema, directivas de algunas instituciones vienen cometiendo exabruptos pasando listados y citando grupos que no corresponden a necesidades objetivas para su citación y que para nada son muestra de flexibilidad.
3. Conformación y seguimiento a comités (Territorial, zonales e institucionales)
En la conformación de los comités institucionales de alternancia, las personas que lo conforman no han alcanzado a recibir todas las capacitaciones y acompañamientos necesarios desde el trabajo intersectorial de secretaría de educación, secretaría de salud y la ARL para que se cubran todos los frentes de esta situación que garanticen la salud, la vida, la educación y el bienestar laboral de los docentes.
4. Escasa socialización de los componentes del Plan de Alternancia
Antes del regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia, a todos los miembros de la comunidad (docentes, padres, estudiantes) se les debió permitir conocer el Plan zonal e Institucional de Alternancia y los protocolos, con reales jornadas de socialización que permitieran la aclaración de las dudas que se tuvieran sobre todo el proceso de alternancia y a los profesores establecer los lineamientos pedagógicos con las adecuaciones necesarias. Sin embargo, el 11 de febrero la Secretaría de Educación saca a la luz pública el nuevo plan territorial de alternancia, ¿Cómo 4 días después se dice que las instituciones están listas para el retorno?
5. Las excepciones y los certificados
La UT Red Vital no asume compromisos con los certificados de comorbilidad, la secretaría de educación no media ante esa situación y para agravar la situación, excluye las excepciones de cuidadores únicos en la nueva versión del plan territorial de alternancia, sin dejar de mencionar que no han dicho nada acerca de las madres gestantes que son docentes. Ante este panorama, todo docente que se considere en riesgo por su salud o la de su grupo familiar con el que convive, debe diligenciar derecho de petición, para exclusión de la presencialidad, a su directivo docente, con copia al jefe de núcleo, aportando documentos que validen su petición, certificado – historia clínica parcial y específica de la comorbilidad, exponiendo al docente a la violación a su intimidad pasándose por la faja el principio constitucional de la buena fe a la que tenemos derecho los maestros.
Por todo lo antes expuesto, denunciamos el proceder irresponsable de la Secretaría de Educación que no ha hecho más que presionar a directivos y consejos directivos para ir si o si a la presencialidad sin aplicar en la práctica lo que está escrito en las resoluciones y el propio Plan Territorial de Alternancia.
Llamamos a todos los educadores a constituir una veeduría en sus instituciones educativas del proceso para el regreso a la presencialidad en el modelo de alternancia y comunicarnos sus inquietudes, sugerencias y evidencias que garanticen la salud y la vida de la comunidad educativa.
Decimos no a la Alternancia sin condiciones reales y verificables, nos organizamos y unidos a las comunidades defendemos la VIDA Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA