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De nuevo el gobierno incumple los acuerdos firmados entre sus representantes y los de los maestros. Esta vez, y mostrando las verdaderas intenciones, pone obstáculos al proceso de ascenso de los maestros vinculados bajo el nefasto estatuto 1278.

Recordemos que en mayo del presente año, después de un paro Nacional del magisterio colombiano se firmó un acta de acuerdo en la cual entre otros varios puntos, uno buscaba el cambio del proceso de ascenso de los maestros vinculados bajo el nefasto 1278, eliminando la problemática evaluación que exigía de manera absurda obtener un resultado de más del 80%.

La propuesta presentada por FECODE, pretendía que el proyecto transitorio de ascenso de estos maestros se hiciera bajo los criterios de título, producción académica y experiencia, pero el gobierno intenta imponer dos criterios que dejarían a los maestros muy mal parados en una eventual aprobación: idoneidad y mejoramiento de logros institucionales.

En el caso de la idoneidad, primer gran mico que le quieren colgar al proyecto transitorio deja abiertas varias preguntas: 1. ¿No se muestra la idoneidad por medio de un título expedido por una Institución con aval del mismo ministerio? 2. ¿Con qué proceso entonces, se demostraría la idoneidad, no sería a través de una nueva evaluación? Y 3. ¿Y en últimas, quién y cómo daría cuenta de nuestra idoneidad?

El segundo criterio que el gobierno pretende imponer está relacionado con las pruebas censales tipo Saber, pisa, etc, pues limita la posibilidad de ascenso a la obtención de logros institucionales, certificado esto por el rector o por el consejo académico de cada institución.

Quedaría entonces el proceso de ascenso supeditado a instancias igualmente problemáticas y quizás más en términos de la subjetividad que se ve venir.

Esperamos que los negociadores de Fecode no cedan en este nuevo atentado contra lo poco que tenemos, cierren filas en torno a defender la propuesta presentada por ellos mismos y convoquen decididamente a los docentes para defender la instauración de este proyecto transitorio.

Por nuestro lado esperamos que todos nuestros asociados estén prestos a participar de las convocatorias nacionales y locales con un objetivo claro defender lo que tenemos.

 

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Dentro de las grandes irregularidades que presenta el sistema de salud colombiano y específicamente el concerniente al magisterio, algunas rayan con la injusticia y la inhumanidad.

El caso de la compañera docente catorcenal es completamente absurdo y demuestra la necesidad de adelantar acciones concernientes a eliminarlo:

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El pasado 19 de agosto se firmó en la ciudad de Santa Fe de Bogotá el decreto 1566 por el cual se crea una bonificación correspondiente al 1% del salario   a los maestros colombianos. El decreto es el resultado de uno de los acuerdos que el semestre pasado firmó el gobierno con FECODE.

Aunque digan en el argot popular que algo es algo, esta bonificación, que según el decreto se tendrá en cuenta para el aumento salaria de 2014 y 2015, es risorio, pues en el mejor de los casos, hablando en plata blanca, el aumento para un profesor de más de 15 años de trabajo, del estatuto 2277 que haya alcanzado la categoría máxima, es equivalente a poco más de $27000.

El aumento se da en uno de los momento más álgidos para el sector de los maestros, pues estamos en el ojo del huracán gracias a los desastrosos resultados en las pruebas PISA y tanto el presidente como la nueva ministra de educación plantean una reforma educativa, reforma que como de costumbre, sólo afectará a los maestros.

 

El aumento, pírrico si se tienen en cuenta que la misma fundación COMPARTIR, entidad de carácter privado, planteo no hace mucho que el salario de los docentes está un 18% por debajo del salario de otros profesionales. Y repetimos, el aumento se convertirá en un sofisma que sólo busca echarle la opinión pública en contra a los docentes que no sin razones valederas vienen haciendo una serie de protestas en contra de un sistema que se ensaña contra ellos: una pésima salud, un sistema de mejoramiento salarial insuperable, condiciones de trabajo muy malas y un salario que en muchos casos da grima.

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En un acto completamente violatorio del debido proceso, el 24 de abril de los corrientes, la Asamblea General de asociados de ASDEM, aprobó la propuesta presentada por Elkin Vergara en el sentido de revocar el mandato a todos los miembros de la actual Junta Directiva.

Ante la evidente irregularidad del evento, en términos de que en ningún momento se dio la posibilidad de defensa de los revocados, pues a ninguno se le hizo un cargo especifico, la Presidenta de la Asociación, la docente Yanet Katerine Olarte Cordero, decidió interponer una tutela exigiendo se le respetara el derecho al debido proceso, vulnerado completamente por la asamblea.

Como era evidente, en fallo proferido por el juzgado dieciocho penal municipal de Medellín, con radicado Nº 2014-00088, el juez decidió “DECLARAR SIN EFECTO el acto por el cual se procedió a la revocatoria”. Por lo tanto, los miembros de Junta siguen teniendo su investidura, siempre y cuando hayan interpuesto los recursos pertinentes, hasta que la decisión sea tomada en derecho y sin violación de los derechos fundamentales.

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Cuando hemos planteado a la Administración Municipal por escrito (cartas, comunicados, derechos de petición) y verbalmente (en reuniones en Plaza Mayor, en el despacho de la Secretaria Privada, con el equipo jurídico y secretarias de despacho Educación y Servicios Administrativos) y mediante la movilización (Plantones y mítines en la Alpujarra), hablamos de un incremento salarial en la curva salarial de los docentes, como única opción viable jurídica y financiera, ya que es potestad del ejecutivo, pero siempre nos han argumentado que el aumento salarial y “los beneficios deben ser pensados, no para un sector, sino para todos los servidores públicos” o sea la teoría de la universalidad.
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