No basta con el reconocimiento dado por la Constitución Política al derecho de expresión, a fundar medios masivos de comunicación, a recibir información veraz y a no ser censurado.

El monopolio en la propiedad de los medios, la deificación de la guerra y la ideologización de la información hacen imposible que esos preceptos se puedan materializar y que los espacios de la paz con justicia social se hagan realidad. La democratización de la información y del acceso a su transmisión hace parte sustancial del proceso de diálogo en La Habana y del debate en la sociedad colombiana toda. Los medios alternativos e independientes son claves para la salida del conflicto. No puede haber paz si no hay democratización en el acceso a la información y a la creación de medios masivos de comunicación alternativa.

No hay que llamarse a engaños: los medios de comunicación son, en sus líneas estratégicas, extensiones de los centros de poder en que operan, y actúan en consecuencia, con las excepciones que confirman la regla.

Partiendo de esta realidad, es necesario plantear que, sin embargo, ellos deben responder a unas obligaciones de responsabilidad social y de veracidad, al estar inmersos en conglomerados humanos diversos, plurales que, al menos en teoría, hacen parte de un sistema “democrático”.

Ello es así porque buscan, por lo menos, un doble fin: incidir en la conciencia y en las decisiones de los miembros de las comunidades y satisfacer un afán de lucro que se funda en el mayor o menor grado de llegada de sus mensajes a esos conglomerados, dos objetivos que redundan en un propósito supremo: el mantenimiento del statu quo.

Así que no es un favor sino una obligación de los medios cumplir con las dos normas éticas generales mencionadas, que, además, en el contexto de la juridicidad colombiana, se hallan preceptuados también como normas constitucionales en el artículo 20 de la Carta Política colombiana.

Dice el mencionado artículo: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Éstos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Con base en la norma, la veracidad, es decir, la búsqueda honesta y transparente de la verdad, debería ser el norte de los medios masivos de comunicación.

Y la responsabilidad social, es decir, la ecuanimidad, el rechazo a las diversas formas de discriminación, a la desproporción informativa y a la propaganda de la guerra y la violencia, su cauce permanente.

Empero, la formulación retórica difícilmente ha ido de la mano con la realidad, ni en estos preceptos ético-jurídicos, ni  mucho menos en los demás, pues su materialización está en correspondencia directa con la necesaria existencia de un Estado inclusivo y realmente democrático, diferente al imperante.

Los derechos de expresión y de información en gran medida sólo se pueden materializar fundando medios masivos de comunicación, pues de lo contrario, y a pesar del gran avance de las redes electrónicas, estaríamos condenados al soliloquio.

La libertad de expresión y la de información requieren, para su realización en la sociedad, de los instrumentos fácticos que permitan su reproducción en gran escala, y esos instrumentos se encuentran en poder de monopolios privados.

Ellos determinan los enfoques, dictan contenidos y definen la magnitud del despliegue de los mensajes, en concordancia con sus intereses económicos y políticos.

Lo anterior conduce, como resultante, a que el derecho de fundar medios masivos de comunicación sea huero, pues el Estado, supuesto rector de los asociados, legisla para el monopolio.

Históricamente los medios de comunicación colombianos han sido extensiones de las facciones y fracciones de los dos partidos tradicionales, de acuerdo con lo analizado por Gabriel Fonnegra, en su texto La prensa en Colombia. ¿Cómo informa? ¿De quién es? ¿A quién le sirve?, y han desarrollado los dos fines que hemos resumido con uno que él resume como la historia de la censura.

Así, pues, la presentación teóricamente democrática del artículo medular del derecho de información consagrado en la Carta Magna colombiana deviene sin sustancia por la imposibilidad de ser desarrollado por la inmensa mayoría de la población.

Los costos multimillonarios de la producción de medios escritos, radiales y televisivos de carácter masivo hacen inocuo el precepto formal, y la concentración de los mismos en élites hegemónicas cierra las posibilidades de acceso.

Este marco general es el que prevalece en materia de información en Colombia y determina la cobertura de la vida política, social y militar del país: los medios de comunicación no son escenarios neutrales ni objetivos, pues obedecen a unos patrones económicos específicos.

Ellos hacen parte de la superestructura de la sociedad, determinada por la base económica, y se sitúan en lo que el filósofo francés Luis Althusser definió, en su obra Ideología y aparatos ideológicos del Estado, como factores encargados de la reproducción de las ideas dominantes, al lado de otros estamentos como los órganos legislativos, la Iglesia y los sistemas educativo y jurídico.